Las bancadas opositoras en el Congreso de la República han fijado una postura firme frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori. Diversos voceros de la oposición advirtieron que no otorgarán un «cheque en blanco» e instaron al Gabinete Ministerial a detallar proyectos específicos antes de dar inicio al debate en el Pleno.
Falta de sustento técnico en seguridad y economía
Representantes de los diferentes bloques parlamentarios de oposición coincidieron en que la solicitud enviada por el Gobierno carece de claridad técnica en sectores críticos. Las principales observaciones se centran en las medidas propuestas para frenar el avance de la criminalidad y los mecanismos para la reactivación económica del país.
Según manifestaron los legisladores, cualquier delegación de poder por parte del Parlamento debe ir acompañada de un plan de trabajo transparente, con metas evaluables a corto plazo y cronogramas definidos.
«No se pueden ceder competencias exclusivas del Legislativo sin conocer con exactitud qué decretos se van a promulgar ni cuál será su impacto real», señalaron desde la bancada opositora, remarcando que ejercerán una estricta labor de fiscalización.
Antecedentes de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso
El pedido de delegación de facultades llega en un momento de alta tensión política. En anteriores gestiones, la entrega de estas prerrogativas ha sido motivo de controversia debido a la emisión de decretos que terminaron siendo observados o derogados por el propio Parlamento por sobrepasar los límites acordados.
Por ello, la oposición busca sentar un precedente y evitar que el Ejecutivo legisle sobre materias que consideran deben debatirse abiertamente en las comisiones ordinarias del Congreso.
El camino legislativo en las próximas semanas
Tras su presentación oficial, la solicitud del Ejecutivo deberá pasar primero por la Comisión de Constitución y Reglamento, donde se evaluará la constitucionalidad y el alcance de los temas requeridos. Posteriormente, las comisiones especializadas deberán emitir un dictamen antes de que el texto llegue al Pleno para su votación final.
Las próximas semanas serán determinantes para medir la capacidad de negociación del oficialismo, que deberá decidir si acepta acotar su pedido o si arriesga un rechazo mayoritario en la representación nacional.
